La Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través de sus representantes legales, solicitó ayer la recusación de la jueza Marías del Rosario Barreto.
La Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través de sus representantes legales, solicitó ayer la recusación de la jueza Marías del Rosario Barreto., del Juzgado Comercial Nº3, por “serias y repetidas irregularidades procesales”, y advirtió que avanzarán para realizar un juicio político contra la magistrada. Barreto había trabado el embargo por 2 millones de pesos de la Fundación, en una causa laboral anexa a la investigación que realiza la Justicia Federal por el escándalo del Programa Sueños Compartidos.
En diálogo con elDIARIO de la Región, la apoderada de Madres de Plaza de Mayo en Chaco, Silvana Morando ratificó que no pudo acceder al expediente porque está con ´carácter reservado´ en el Comercial Nº3.
La letrada explicó que la Fundación había presentado un escrito explicando que iba a venir gente de Buenos Aires para interiorizarse de esta causa y buscar una instancia de conciliación. “Queríamos saber si era verdad la existencia de este embargo y ver el expediente, pero esto no nos fue permitido porque tiene carácter de reservado”, insistió.
Morando explicó que las posibilidades existen varias posibilidades para evitar el embargo, como por ejemplo, poner otra contra cautela; y no los fondos de la Fundación porque así “se termina perjudicando a más de 750 familias, que cobran en las otras obras que realiza la entidad”, aseveró.
“Cuando nos presentamos en el juzgado, con la gente de Buenos Aires, nos informaron que la jueza estaba de licencia por ´cuestiones personales´, por el día de hoy (por ayer)”, indicó la letrada y agregó: “Volvimos a pedir vista del expediente, teniendo en cuenta que la causa tomó estado público a través de la prensa, pero nos volvieron a negar esa posibilidad por el carácter ´reservado´ de la causa. Ni siquiera pidiendo personalmente nos dieron la posibilidad de ver el expediente”.
Ante esta situación, “y por otras graves irregularidades procesales” que los apoderados de Madres aseguran haber encontrado en la causa, porque al negarse la vista al expediente se lesiona el derecho de defensa en juicio e igualdad de las partes; la Fundación presentó un escrito pidiendo “la recusación de Barreto”, el apartamiento de la magistrada en la causa, y “se solicitó copia certificada de todo lo actuado para avanzar en el pedido de juicio político contra la jueza comercial”, concluyó Morando.
SENA DEFENDIÓ LA DECISIÓN JUDICIAL
En tanto, acerca del embargo, Sena salió a defender la decisión judicial, declarando que “el embargo es por todo lo que nos robó esta fundación”. “Es dinero que ellos deberían haber depositado”, explicó, y agregó que “nosotros reclamamos ante la justicia que la Fundación Madres de Plaza de Mayo nos pague todo lo adeudado, que es aportes jubilatorios y seguro de vida. Todo lo que nos robaron durante este año y dos meses”, dijo Sena en diálogo con Radio Ciudad. “Eso es un dinero que ellos deberían haber depositado para el beneficio de cada obrero violando las leyes vigentes. Entonces se hizo este planteo ante la justicia que dio esta orden de embargo”, sostuvo.
La demanda fue interpuesta por la abogada de los 120 obreros despedidos por la Fundación ante el Juzgado Laboral 3 de la doctora Barreto, y la causa quedó caratulada como “Ramírez Roberto Daniel y otros C/Fundación Madres de Plaza de Mayo S/ medida cautelar. Expediente 398/10”. Se trata de una medida cautelar que retiene los fondos girados desde la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, como garantía del proceso judicial.
“Nuestra lucha está abocada al esclarecimiento total de todo esto, tanto en lo jurídico como en lo político. Nuestro objetivo es recuperar nuestro puesto de trabajo”, señaló el dirigente piquetero.