29/06/2010 - Causa Caballero - Juicio oral – día 12Las patas de la complicidad: Justicia, Iglesia y civiles
Los relatos de los cuatro testigos de ayer dejaron al descubierto una vez más a los socios de la dictadura. Declararon los hermanos Antonio, Mirta y Elvira Pérez, y Mirta Clara. Las audiencias continuarán en julio. Hoy, se reanuda el juicio por la Masacre de Margarita Belén.
De los ocho testigos citados ayer, en la continuidad del juicio oral y público por la Causa Caballero, asistieron seis, de los que pudieron declarar cuatro, por lo que los dos restantes lo harán en las próximas audiencias.
Pudieron declarar los hermanos Pérez, todos detenidos el mismo día 10 de septiembre de 1975: Antonio Oscar, Mirta Mabel y Elvira Esther. Y Mirta Susana Clara, ex presa viuda de Néstor Carlos Sala –una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén-, que testificó durante dos horas, concentrando la total atención de la sala. Su alegato, llevó al quiebre de varios entre el público, incluido familiares de los imputados.
Quedaron para próximas audiencias: Eugenio Domínguez Silva y Eligia Flor. En cambio, presentó justificativo a su ausencia Virginia Domínguez Silva y Roberto Tribbia no pudo ser encontrado.
COMPLICIDAD ECLESIÁSTICA
Cada testigo, a su manera, fue narrando sus peripecias en el cautiverio, pero hubo declaraciones que dejaron que denunciaron la complicidad eclesiástica al Terrorismo de Estado.
El ovillo lo comenzó a desatar Antonio Oscar Pérez, quien declaró sosteniendo un ejemplar de el DIARIO de la Región: “(El ex obispo de Resistencia) Marozzi fue a visitar a los presos políticos” en la Brigada de Investigaciones, cuando funcionaba sobre calle Juan B. Justo. A él ya lo habían liberado.
Mirta Mabel, quien había sido detenida cuando iba con su hermana a comprar cigarrillos, fue la primera en reprochar al ex obispo: “Yo no podía creer cuando leí en el diario que Marosi declaró que en la Brigada no se torturaba. Estaba indignada”.
Su hermana, Elvira Esther, más conocida como “Noni” conoce más de cerca la historia, ya que durante su cautiverio recibió una caja con elementos enviados desde la Iglesia: cepillo de diente, pasta dental, entre otras cosas.
“Nos fue a visitar el obispo Marosi y nos vio a todos, sin embargo, después, en la prensa declaró que los presos estaban en perfecto estado, cuando él nos había visto. Había mucha gente lastimada”, añadió.
Lo que más le dolió a “Noni” sucedió tras su liberación, aún en tiempos de dictadura: “Hice una negación de todo lo que sucedió, sólo quería olvidar. Entonces, busqué refugio en la Iglesia, asistiendo a la parroquia del padre Brisaboa (en su homenaje, la asociación de ex detenidos chaqueños lleva su nombre), pero las mujeres más grandes de la catequesis me pidieron que no vaya más, porque ponía en peligro a la feligresía”.
Y el caso de Mirta Clara: cuando iba a parir a su hijo Juan Andrés, estando detenida en Formosa, necesitaba la vacuna Rhogam ya que había problemas de incompatibilidad de sangre. En ese dramático momento, “la monja me pregunta si era de Ligas Agrarias o comunista, como no era ni uno ni otro lo negué”.
Igual, “tuve que ir caminando con las piernas abiertas y agarrando la cabeza de mi hijo con una mano”. El niño nació con dos vueltas de cordón umbilical alrededor del cuello, sin uñas y no le bajaban los testículos producto de la picana que se le había aplicado a Mirta estando presa en la Brigada de Investigaciones.
RESPONSABILIDAD DE LA JUSTICIA
Si bien no es nueva la complicidad judicial con el sistema represivo de la dictadura, los relatos que aparecieron confirman y aportan nuevos datos: “Me llevan a Gendarmería, a declarar ante (Carlos) Flores Leyes (ex fiscal federal fallecido antes del juicio). Tenía abogado, pero era como si no lo tuviese”, recordó “Noni” Pérez.
Contundente, Mirta Clara recordó todo su periplo judicial, que comenzó con el acta de allanamiento a su casa: “No lo escribieron ni firmaron nada en mi presencia”.
Con tres meses de embarazo, tras las torturas en la Brigada de Investigaciones y detención en la alcaidía policial, Mirta Clara es llevada, en diciembre de 1975, a declarar al Juzgado Federal: “Estaban el prosecretario Rezka y el secretario Mazzoni solos. Pido abogado defensor para declarar, pero me lo niegan. Digo que fuimos sometidos a tortura, que Néstor aun tiene marcas en las piernas de las quemaduras. Pero Rezka insistía con que declarara. Pedí por el cuidado del embarazo y saber cuál era el lugar de parto”.
“Reacciona Mazzoni, levanta el tubo del teléfono y pregunta a la Brigada: ¿a la Sra de Sala es necesario preguntarle algo mas? Ante esa actitud me niego a declarar. Me deriva a la jueza Corsi de Linstrom a la cual le narro torturas y tormentos y se opone a tomar testimonio”, contó.
En el caluroso verano del ‘76 se presenta “el juez Luis Ángel Córdoba en la alcaldía junto con Mazzoni. Repito que fuimos sometidos a tortura, que Néstor aun tiene marcas en las piernas. No hay respuesta en concreto”, añadió.
Ya sin abogados, porque los Leúnda, padre e hijo, dejaron su defensa luego de que le volaran la casa. Para julio del ’76 le nombran un abogado oficial, a su regreso de la cárcel de Formosa, donde lo tuvo a Juan Andrés: “Estaban Córdoba, Flores Leyes y Rezka. Les pregunto por qué permitieron el traslado sabiendo de mi avanzado embarazo. Me contestan que no les pregunte a ellos. Córdoba dice que es una situación atípica del PEN. También solicito registrar a Juan Andrés, pero el juez señala que no lo confunda con un juez de menores”.
Ya en Villa Devoto, Mirta recibe nuevamente a Córdoba, Flores Leyes, Reska y en este caso Nora Pacce de Elías (su defensora oficial), a la que ve por primera vez: “Quiero saber qué pasó con mi marido y los demás compañeros. El juez me responde que fueron órdenes del PEN para un traslado, que él pidió informes y por respuesta le dieron el certificado de muerte de Néstor”.
Sobre la Masacre, Córdoba se limitó a señalar que fue una “situación atípica del PEN”. Obviamente, Mirta Clara no se quedó callada: “Todo el pueblo de Resistencia sabía que esa matanza fue responsabilidad de los militares, la policía y el Poder Judicial. Silencio, no contesta. Luego me amedrenta con que si quiero iniciar querella a las fuerzas armadas. Pero, yo le pido un recurso de amparo contra los traslados, pero se niegan a dejar acta de la solicitud”.
En abril del `77, el Juzgado de Formosa dispone “la prisión preventiva” para Néstor Sala, pero “El Tiburón” ya había sido fusilado en Margarita Belén. “Apelo, pero no tuve respuesta”, recordó.
Dos años después, la cita en Devoto fue con el juez formoseño José Luis Vivas, quien le niega entrevistarse con su abogada defensora. Mientras el magistrado lee el Expediente, Mirta Clara ve dos fotos de Néstor: una en libertad y otra tras la tortura, de las que logra apropiarse.
En 1980, otra vez entrevista con Córdoba y Reska, que siguen sin atender el reclamo por denunciar torturas. Luego, llega Mazzoni, a quien Mirta le cuestiona por decir que estuvo en el allanamiento sin haber visto la tortura. “Usted me odia, me dijo a lo que yo respondí simplemente que ésta era una cuestión judicial”. Lo mismo sucedió cuando confrontó a Flores Leyes, quien hasta 1983 le negó la libertad condicional.
La última visita judicial fue del ex juez federal Tarantino.
LA PATA CIVIL
Las hermanas Pérez fueron detenidas dos veces, la segunda vez, según apreciación de “Noni” fue para hacerle un favor a un empresario local, amigo del poder, que usaba la fuerza de choque de la dictadura para poder despedir empleados.
“Por ese entonces, había un problema salarial en la empresa. Siempre hacía lo mismo, el empresario le pedía a sus amigos del poder que allanen una casa y después despedía a ese trabajador”, recordó “Noni”.
“Con mi hermana trabajábamos en la empresa, creo que Italdecor, de un tal Corensi, que era amigo del Cholo Vicente, que era de la SIDE, y de (Facundo) Serrano (ex gobernador de la dictadura)”, precisó.
“Creo que por eso nos detuvieron a mi hermana y a mí la segunda vez (tras la Masacre de Margarita Belén), para después poder echarnos sin indemnización ni pagarnos lo que correspondía”.
Por Marcos Salomón
