Masacre en Margarita Belén
A días de un juicio histórico que busca condena y verdad
30/05/2010

El jueves, comenzará la primera audiencia para juzgar a ocho ex militares y un ex policía (un décimo imputado está detenido en Brasil). Además, se intentará revelar un viejo misterio: dónde fueron enterrados los cuerpos de los presos políticos fusilados.

Treinta y cuatro años después del fusilamiento a mansalva, el jueves comenzará el juicio oral y público por la Masacre en Margarita Belén, nacida originalmente en la Justicia Federal como “Causa Larrateguy, Jorge Alcides y otros s/homicidio agravado y desaparición forzada de personas” Expediente Nº 306, recaratulada Nº 1.074/09 "Rennes, Athos Gustavo y otros s/ homicidio agravado” después de la muerte en la impunidad del teniente coronel Larrateguy.
Tras dormir en los estrados judiciales durante la última parte de la década del 70, todo los ochenta y noventa, la causa se reabrió en 2001, con una presentación formal ante el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. Tras años de arduas batallas judiciales, miles de chicanas procesales y un final incierto, casi diez años después, en 2009, recién se elevó la Masacre en Margarita Belén a juicio oral y público.
Tantas fueron las trabas judiciales que uno de los imputados tuvo tiempo de huir (hoy está preso en Brasil) y hasta la Causa Caballero llegó primero a la instancia de juicio oral y público.
Pero, vencidos todos estos obstáculos, dentro de tres días, a las 8.30, en la sede del Tribunal Oral Federal de calle Yrigoyen, comenzará este proceso histórico, el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizan en Chaco.

BREVE RESUMEN
El 13 de diciembre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, un grupo de presos políticos había sido sacado de la Alcaidía de Resistencia para ser trasladados a la U10 de Formosa, operativo a la que se denominó “encubrimiento rojo”.
En medio del traslado, se fraguó un intento de fuga de los detenidos, que previamente fueron torturados hasta casi matarlos. En realidad, según consta en el Informe Final de la Cámara de Diputados de Chaco, los presos políticos fueron fusilados a mansalva por un grupo integrado por militares, policías y miembros civiles del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE).
De la exhumación del cadáver de Carlos Zamudio, una de las víctimas de la Masacre (realizado hace menos de un mes en un cementerio privado de la ciudad), se desprende que este militante jamás pudo haber intentado huir, ya que durante la sesión de tortura le rompieron a golpes una de sus piernas.

LOS ACUSADOS
En esta causa, por la que pasarán más de 130 testigos, están acusados: Horacio Losito (que ya fue condenado a 25 años de prisión por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes), Jorge Carnero Sabol, Athos Gustavo Rennes, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón, Germán Riquelme, Ernesto Simoni y Luis Alberto Patteta (también imputado en la Causa Caballero).
A esta lista se debe agregar el ex policía Alfredo Chas, mientras que el también ex militar Norberto Raúl Tozzo se encuentra preso en Brasil, mientras se sustancia el trámite de extradición.
En tanto, el también ex policía Carlos Carballo –de quien se decía podía llegar a declarar sobre lo que vio- fue muerto en extrañas circunstancias, supuestamente para robarlo.
También se debe recordar que hay más de 30 personas (ex policías y ex militares) denunciadas no imputadas. También figuraron como denunciados no imputados: los ex fiscales Carlos Flores Leyes (preso por la Causa Caballero y recientemente fallecido), Roberto Mazzoni, el ex juez federal Luis Ángel Córdoba y los médicos de policía Carlos Grillo y Sáenz.

LAS VÍCTIMAS
Las víctimas de la Masacre fueron: Luis Ángel Barco, Mario Cueva, Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Néstor Carlos Salas, Patricio Blas Tierno, Carlos Alberto Duarte, Julio Andrés Pereira, Alberto Díaz, Roberto Horacio Yedro, Carlos Tereszecuk, Reinaldo Amalio Zapata, Delicia González, Raúl Caire, Carlos Alberto Zamudio y Fernando Piérola.
A este traslado a la muerte se sumaron otras personas que estaban detenidas en situación de clandestinidad, como es el caso de Ema Beatriz Cabral, Alcides Bosch (el último en ser encontrado y cuyos restos fueron rescatados del cementerio de Resistencia e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, luego de que elDIARIO de la Rebión revelara la existencia de dos huellas NN en el expediente de la causa) y otras personas cuya identidad se busca aun establecer.
No sólo falta establecer con exactitud el número de víctimas de la Masacre, también avanzar en la investigación sobre la noche previa al traslado. La historia oficial habla de que los presos fueron sacados de la U 7 y de la Alcaidía de Resistencia. Sin embargo, otras hipótesis demuestran que los presos políticos también estuvieron alojados en lo que hoy es la Base de Apoyo Logística donde fueron torturados antes de llevarlos al “matadero”.

CUESTIÓN DE JUECES
Ahora bien, mientras ya se conoce la fecha del inicio del juicio oral y público, no está tan claro quiénes integrarán el Tribunal Oral Federal que juzgará a los genocidas. Se anticipa que la jueza Ana Order se inhibiría por haber entendido como jueza de Cámara en la Masacre en Margarita Belén.
Lo que deja sólo a Mirta Gladis Yunes y Norberto Jiménez. Sin embargo, se espera que de estos dos sólo quede uno. Se habla de la posible inclusión del camarista formoseño Eduardo Belforte y del correntino González, quien sería recusado por haber ordenado la libertad (luego apelada y recusada) del ex fiscal Flores Leyes.
Lo que si está claro es que los fiscales serán Jorge Auat (jefe de fiscales de Derechos Humanos para todo el país) y Gustavo Corregido, en tanto, Germán Wiens Pinto será fiscal por la Cámara Federal interviniente.

QUERELLANTES

Allá por 2001, cuando se comenzó la lucha por reabrir la causa por la Masacre en Margarita Belén, los únicos querellantes fueron Dafne Zamudio, Mirta Clara y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), después se fueron incorporando, Gustavo, María Luz, Cristela y Álvaro Piérola y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Para febrero de 2009, cuando fue elevada a juicio la causa, las partes querellantes elevó su número al incorporarse la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chaco y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Sin embargo, se elevó la causa en forma parcial y este medio está en condiciones de anticipar que se generó una “causa residual” que abriría las puertas a un juzgar a la cúpula militar y conocer el destino final de los desparecidos.

Por Marcos Salomón