27/08/2010 - Masacre de Margarita Belén: Juicio oral-Día 23
Se hablaba de masacre durante la sepultura
Lo admitió Daniel Omar Aguirre, uno de los que cavó las tumbas de las víctimas del fusilamiento del 13 de diciembre de 1976. Emocionante despedida con Luis Alberto “Lucho” Díaz.

La jornada pintaba para tediosa con los tres testigos propuestos por la defensa –un cuarto, no pudo ser citado porque no se encontró su domicilio-. Toda la atención estaba centrada en el momento de la restitución a su familia de los restos de Luis Alberto Díaz, víctima de la Masacre de Margarita Belén.

Sin embargo, Daniel Aguirre, un municipal jubilado, que trabajó como sepulturero disparó un dato revelador: mientras eran enterrados los cuerpos de los fusilados en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, ya se hablaba de masacre.

Otro testigo, Víctor de Lucía, de 76 años, ex director del cementerio “San Francisco Solano” (1982-1983), entregó un informe sobre las tumbas a Livio Lataza Lanteri, primer intendente electo con la reapertura democrática, pero no recordaba cosa alguna relacionada con la causa. Lo demás, fue pura pirotecnia entre las partes, con alguna intervención de los imputados que fue reprendida.

A Antonio Benítez, de 68 años, policía retirado que pasó por la Comisaría 2ª de Resistencia, en 1976, le causaron demasiados nervios para su presión arterial, simplemente para dos preguntas:

-“¿Sabía o conocía previamente los hechos que se investigan?”, preguntó el defensor Carlos Pujol.

-No escuché nada previamente. Me enteré después.

Sin que de para más, y pensando más en el homenaje a “Lucho” Díaz, el querellante Mario Bosch hizo la pregunta del millón: “¿Pero, usted sabe o vio algo?”, a lo que Benítez, obviamente, contestó: “No sé ni vi nada”.

En cambio, no pudo ser encontrado el domicilio de Raúl Di Bendetto, “preso común” o “preso social”, como se denominaba en la década del 70 a quien no era considerado un “subversivo” o preso político.

En paralelo de la audiencia, en la Casa por la Memoria, comenzaba la conferencia de Norma Cajal, esposa de Lucho Díaz, de su hijo Martín, familiares, ex presos políticos, H.I.J.O.S. y un largo etcétera.

MASACRE
A la defensa le pasó que el testigo que convocó terminó aportando datos más valiosos para las querellas y los fiscales que para el interés de sus defendidos. Es que cada vez que el sepulturero Aguirre hacía memoria, enterraba más la estrategia de los abogados de los ocho militares y el policía.

El testigo comenzó dubitativo, con datos que fueron marcados como contradictorios a los de su declaración en instrucción. Finalmente, se quedó con la versión original: enterró 10 ú 11 cuerpos traídos en dos tandas por la Policía y el Ejército, comenzando a la madrugada cuando lo fueron a buscar hasta su casa.

Ahí comenzó el calvario de la defensa. Entonces, Pujol quiso aportar como pruebas publicaciones periodísticas de 2004: elDIARIO de la Región y La Voz del Chaco. Tras ganar una minibatalla sobre la admisión de unos recortes periodísticos de 2004, los abogados de los imputados creyeron que estaban nuevamente en carrera.

Sin embargo, Aguirre no sólo ratificó los datos periodísticos: como la sepultura en la Letra G sector 12, sino que además aportó el dato que bajó la persiana a la audiencia: “Me enteré ese día, porque cuando termino ya se hablaba de masacre”, afirmó.

Obviamente, la pregunta sobre cómo se enteró de ese dato: “Es lo que hablaban los policías y la gente que estaba ahí” para visitar a sus muertos.

RESTITUCIÓN
Terminada la audiencia, prácticamente la Casa por la Memoria en pleno se trasladó al Tribunal Oral Federal de calle Yrigoyen para acompañar a Norma Cajal y Martín que iban a buscar el cuerpo de “Lucho” Díaz, entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos, José Luis Valenzuela; la presidenta del Instituto de Cultura, Silvia Robles, Dafne Zamudio, y Julio Cáceres, con quien Lucho creo el grupo chamamecero Los de Imaguaré.

En la sala de audiencias, con la presencia de los jueces del Tribunal Oral Federal, Gladis Yunes, Eduardo Belforte y Luís González, por Secretaría se leyó el acta que permitió al perito del Equipo de Antropología Forense Miguel Nieva entregar de los restos óseos a los familiares de Díaz. Entonces, las más de 50 personas fueron una sola voz para recordar: “Lucho Díaz, presente”.

Informe: Marcos Salomón
27/08/2010 - Masacre de Margarita Belén -Juicio oral – día 23
Se hablaba de masacre durante la sepultura
Lo admitió Daniel Omar Aguirre, uno de los que cavó las tumbas de las víctimas del fusilamiento del 13 de diciembre de 1976. Emocionante despedida con Luis Alberto “Lucho” Díaz.

La jornada pintaba para tediosa con los tres testigos propuestos por la defensa –un cuarto, no pudo ser citado porque no se encontró su domicilio-. Toda la atención estaba centrada en el momento de la restitución a su familia de los restos de Luis Alberto Díaz, víctima de la Masacre de Margarita Belén.

Sin embargo, Daniel Aguirre, un municipal jubilado, que trabajó como sepulturero disparó un dato revelador: mientras eran enterrados los cuerpos de los fusilados en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, ya se hablaba de masacre.

Otro testigo, Víctor de Lucía, de 76 años, ex director del cementerio “San Francisco Solano” (1982-1983), entregó un informe sobre las tumbas a Livio Lataza Lanteri, primer intendente electo con la reapertura democrática, pero no recordaba cosa alguna relacionada con la causa. Lo demás, fue pura pirotecnia entre las partes, con alguna intervención de los imputados que fue reprendida.

A Antonio Benítez, de 68 años, policía retirado que pasó por la Comisaría 2ª de Resistencia, en 1976, le causaron demasiados nervios para su presión arterial, simplemente para dos preguntas:

-“¿Sabía o conocía previamente los hechos que se investigan?”, preguntó el defensor Carlos Pujol.

-No escuché nada previamente. Me enteré después.
Sin que de para más, y pensando más en el homenaje a “Lucho” Díaz, el querellante Mario Bosch hizo la pregunta del millón: “¿Pero, usted sabe o vio algo?”, a lo que Benítez, obviamente, contestó: “No sé ni vi nada”.

En cambio, no pudo ser encontrado el domicilio de Raúl Di Bendetto, “preso común” o “preso social”, como se denominaba en la década del 70 a quien no era considerado un “subversivo” o preso político.

MASACRE
A la defensa le pasó que el testigo que convocó terminó aportando datos más valiosos para las querellas y los fiscales que para el interés de sus defendidos. Es que cada vez que el sepulturero Aguirre hacía memoria, enterraba más la estrategia de los abogados de los ocho militares y el policía.
El testigo comenzó dubitativo, con datos que fueron marcados como contradictorios a los de su declaración en instrucción. Finalmente, se quedó con la versión original: enterró 10 ú 11 cuerpos traídos en dos tandas por la Policía y el Ejército, comenzando a la madrugada cuando lo fueron a buscar hasta su casa.

Ahí comenzó el calvario de la defensa. Entonces, Pujol quiso aportar como pruebas publicaciones periodísticas de 2004: elDIARIO de la Región y La Voz del Chaco. Tras ganar una minibatalla sobre la admisión de unos recortes periodísticos de 2004, los abogados de los imputados creyeron que estaban nuevamente en carrera.

Sin embargo, Aguirre no sólo ratificó los datos periodísticos: como la sepultura en la Letra G sector 12, sino que además aportó el dato que bajó la persiana a la audiencia: “Me enteré ese día, porque cuando termino ya se hablaba de masacre”, afirmó.
Obviamente, la pregunta sobre cómo se enteró de ese dato: “Es lo que hablaban los policías y la gente que estaba ahí” para visitar a sus muertos.

Por Marcos Salomón

En la jornada Nº 24 del juicio
Causa Caballero: declararon ex policías que trabajaron en la Brigada de Investigaciones
26/08/2010 - Los testigos que se desempeñaron durante 1975 y mediados de 1976 en esa dependencia, aseguraron que no vieron maltratar a los detenidos en el lugar. No obstante, sí afirmaron que notaron la presencia de militares y que había policías que trabajaban para el Ejército. Al doctor Héctor Grillo no se le permitió declarar, ya que está imputado en una causa sobre “asociación ilícita”.

Si bien los testigos de la jornada de ayer en la Causa Caballero eran tres, solamente declararon dos, ya que el doctor Héctor Rolando Grillo se encuentra como imputado en lo que se conoce como la “residual” de este juicio, y como lo establece la ley, un acusado no puede ser testigo de su mismo proceso, por lo que directamente no se le permitió el ingreso a la sala.
Quien pidió la palabra para aclarar esta situación antes de que se llame a declarar al testigo, fue el doctor Germán Weins Pinto. Cabe remarcar que el doctor Grillo fue mencionado reiteradamente por los testigos como uno de los partícipes en las sesiones de tortura a las que estaban siendo sometidos. El médico está implicado en un requerimiento de instrucción por “asociación ilícita”, junto con otros represores.

Antes de esto, se tuvo que esperar alrededor de 10 minutos para arrancar con la audiencia porque no se encontraban presentes aún en la sala los abogados defensores, Mañanes ni Cardozo, y cuando ingresaron quedó constancia en acta del horario de su llegada.

No obstante, el primero en declarar ayer fue Raúl Zeferino Lazati que entre los años 1975 y 1976 se desempeñó como oficial auxiliar y sumariante en la Brigada de Investigaciones, actividad que también desarrollaba Rodríguez Valiente, uno de los acusados.

Su trabajo allí, era tomar declaración a testigos de distintos hechos y realizar las actas de allanamiento, anotando sobre las cosas que se secuestraban en los operativos, aunque aclaró al Tribunal, que en ningún momento logró tomarle declaración a detenidos políticos, o bien como se los conocía en aquella época, (por las mismas fuerzas de seguridad), a “subversivos”.

Lo que sí afirmó, fue ver a personas detenidas en lo que fue la primera de las sedes de la Brigada, sobre calle Juan B Justo al 473, las cuales se encontraban paradas. Entre ellas, recordó a Mirta Clara, (detenida política y esposa de Néstor Salas, muerto en la masacre de Margarita Belén) alojada en una oficina. Incluso estuvo presente en el allanamiento y realizó el acta de secuestro de armas y otros objetos que se encontraron en su domicilio.

Más allá de esto, el fiscal Carlos Amad, señaló un par de contradicciones al tribunal, ya que cuando declaró anteriormente en instrucción, en el Juzgado Federal, había afirmado que tenía la facultad para traer a detenidos que se encontraban alojados en calabozos del lugar, algo que ahora no había aseverado.

Por otro lado, también reconoció que dentro de la Brigada concurrían militares, entre los que recordó a Valussi, (a quienes varios de los testigos- ex detenidos, recordaron como un integrante de la Side).

Horacio Sánchez
A las 11 en punto, como si fuese que el horario estuvo bien calculado, arrancó su declaración el técnico en investigación criminal, Horacio Sánchez, que también se desempeñó en la Brigada de Investigaciones desde el año 1975 hasta mediados de 1976, período en que trabajó como responsable del subárea Robos y Hurtos, donde Gabino Manader, uno de los acusados, era uno de sus subalternos.

A diferencia de Lazati, este testigo sí estuvo en la sede de la Brigada de Marcelo T. de Alvear, cuando se trasladó desde Juan B. Justo, aunque dejó en claro que allí no le consta que haya habido sótanos ni siquiera detenidos.

La pregunta partió de uno de los abogados defensores y se refería a qué opinión le merece la persona de Rodríguez Valiente, (también acusado), a lo que sentenció en tono seguro: “Me parece una persona honorable”.

Pero Sánchez fue muy claro en cuanto a la presencia de militares dentro de la Brigada, más precisamente tras la puesta en vigencia de la ley Nº 20.849 contra “la subversión”. En este sentido, aseguró que no le gustaba la presencia ni la “actitud” del Ejército dentro de la Policía y de hecho refirió que le aconsejó a sus empleados que “tomen distancia”, de ellos.

Quien no pudo contener la risa, y con la respuesta que dio el testigo cerró la sesión de preguntas, fue el querellante Mario Bosch, que interrogó acerca del estado de los detenidos de allí y si permanecían parados. Lazati simplemente contestó que “si estaban parados, era porque querían, ya que había donde sentarse”.

Continúa el 6 de septiembre
La jornada de ayer concluyó pasado el mediodía y continuará recién el 6 de septiembre próximo, (lunes), ya que por razones funcionales los días 30 y 31 no se podrá desarrollar el juicio.
26/08/2010 - Masacre Margarita Belén-Juicio Oral-Día 22
Ejecutados de un disparo en la nunca, a quemarropa
Así murieron dos de las víctimas del fusilamiento ocurrido el 13 de diciembre de 1976. Es lo que declaró Miguel Nieva, perito del EAAF, en una audiencia especialmente virulenta. Este viernes restituyen los restos de Luis Díaz. “Lucho”, presente.

Fue una jornada larga y agotadora, con declaraciones de siete testigos, (uno por la querella y los restantes por la defensa) que ganó interés a medida que avanzaba y terminó pasadas casi siete horas después de haber empezado.

El protagonismo lo tuvo el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense desde el año 2005 a la fecha para la identificación de los cuerpos NN de militantes asesinados en la Masacre de Margarita Belén.

Primero, un enfermero convocado al Regimiento de La Liguria a realizar pericias forenses a un grupo de cuerpos de asesinados y un suboficial encargado de reparar el camión acribillado el 13 de diciembre declararon que no vieron, ni oyeron, ni preguntaron, ni quisieron saber nada.

Después cuatro peritos de la defensa deslizaron tímidamente sus críticas al trabajo del EEAF. Justamente, en el final estuvo lo mejor; el licenciado en criminalística Miguel Nieva, del Equipo, realizó una exposición contundente y sin fisuras, y explicó las etapas del trabajo de investigación, exhumación y análisis de los restos óseos perteneciente a cinco asesinados en la Masacre de Margarita Belén.

Ellos son: Carlos Zamudio, Emma Cabral, Luis Díaz, Alcides Bosch y Carlos Duarte. El primero presentaba “una fractura de fémur izquierdo al momento de la muerte” y los dos últimos “orificios de bala en el cráneo, con una trayectoria desde atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo”.

Hubo además escenas de pugilato verbal entre las partes que hicieron la delicia del público presente. “Están muy belicosos”, advirtió la presidenta del Tribunal Oral Federal, Gladys Yunes, aguantándose la risa, durante uno de los choques entre querella y defensa.

Este viernes, a las 12, en la sede del Tribunal de calle Yrigoyen serán entregados los restos de Luís Díaz a su familia. Acto seguido será velado en la casa de sepelios Edymar en calle Güemes. A las 16.30, se realizará frente a la Casa por la Memoria “Ex Brigada de Investigaciones (Centro Clandestino de Detención)”, un acto de homenaje antes de su inhumación en el cementerio, 34 años después de su asesinato

EAAF
Nieva, perito forense oficial, claro y preciso, desarrolló su exposición con un power point y después contestó preguntas del Tribunal y las partes sobre su trabajo en octubre de 2005 y años posteriores.

Describió el estado de los cuerpos de Cabral, Díaz, Duarte (este último caso con una pericia realizada en julio pasado) Zamudio y Bosch.

Explicó el estado de los restos óseos y los distintos rastros de las heridas que encontró en ellos. Después de la exhumación se realizaron análisis en laboratorio: placas de radiografía y estudios de odontología entre otros exámenes.

En el caso de Lucho, se encontraron con un esqueleto muy degradado por el paso el tiempo, por lo cual no pudieron constatar lesiones. Las de Duarte y Bosch presentaban el cráneo con orificios compatibles con el ingreso de un proyectil. Pudo reconstruirse la trayectoria, lo cual develó que ambos fueron ejecutados desde atrás y a muy corta distancia. “Este tipo de lesiones, producto de ejecuciones, es típica en las exhumaciones que realizamos en el EAAF” contó Nieva.

Zamudio tenía una fractura perimortem en el fémur izquierdo. “Este tipo de lesiones se producen en el momento circundante a la muerte, antes, o muy poco después. El golpe tiene que haber venido desde adelante, se descarta que haya sido originada por un proyectil, y devela mucha energía”, precisó.

Trabajó en casos de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar junto con Juzgados de Resistencia, Sáenz Peña, Santa Fe, Bahía Blanca, entre otros. En el exterior, colaboró en Kosovo, Colombia, Paraguay, y Bolivia. Es docente en Rosario y en la UBA, en la carrera de posgrado de Medicina Legal.

En cuanto al protocolo que se sigue en los trabajos de exhumación afirmó:" Hacemos un trabajo científico, el protocolo señala la metodología a seguir, pero hay que adaptarse a las distintas condiciones de trabajo". En cuanto a la función de un geólogo opinó que su utilidad en el caso en cuestión es bastante nula, "sirve para localizar sepulturas clandestinas, pero en una exhumación no tiene mucho sentido".

EL ENFERMERO Y EL MILITAR
Eusebio Rodolfo Gómez, enfermero. Fue dubitativo: “Creo que trabajaba en sanidad policial el 13 de diciembre de 1976” arrancó. Era enfermero y secretario personal del Doctor Saénz, el médico que realizó una serie de pericias a una decena de cadáveres en el Regimiento de La Liguria. “No sé absolutamente nada”, dijo y explicó que se quedó en el patio de armas, sin penetrar en los galpones donde estaban los cuerpos. Preocupado, aclaró “No participé en nada. Soy diácono, me enseñaron a vivir en paz y a decir la verdad”. Sin embargo negó saber, o haber visto algo de interés para develar la verdad de los hechos. Por declaraciones suyas anteriores pudo saberse que en el libro de registro de Sanidad aparecen asentada dos visitas al Regimiento, una con Sáenz y el enfermero Blas Verón, (cuando declaró dijo no recordad si había estado Gómez) y otra, más temprano, con el médico de la policía, imputado en la causa “Caballero 2” y testigo fallido Héctor Grillo.

El militar José Alfonso, retirado de 74 años, es suboficial mayor. En 1976 se encargaba de la columna de automotores de la compañía de Comunicaciones 7, bajo las órdenes del mayor Athos Rennes –imputado-. Con los hombros caídos y cierto desgano, respondió preguntas y contó lo poco que sabe.

Después del 13 de diciembre, le entregan un camión Mercedes Benz 11.14, lavado, sin toldo, con el costado izquierdo averiado por una balacera y un parabrisas o una puerta destrozada. Lo arregló y lo pintó. “Me dijeron que habían atacado la columna”. Es todo lo que sabe. Nunca preguntó nada más al respecto.

Recordó la existencia de una ambulancia Unimog y contó que el parque automotor quedaba cerrado en su ausencia. “La llave la tenía yo, y el duplicado estaba en el despacho de Rennes”.

PERITOS DE LA DEFENSA
Los peritos por la defensa atacaron el trabajo realizado por el EAAF, de forma solapada; objetando formalismos o diferencias de criterio para impugnar la validez de las muestras:

-Elvira Venthey: en 2005 fue auxiliar de campo, en 2006 perito de parte. “Tuvimos escasa participación”, se quejó. Reconoció que era Carlos Skidelsky, juez de la instrucción, el que dirigía los trabajos. Preguntada por si había realizado un informe en disidencia dijo que no, que las hicieron constatar en el informe final. En este momento el testimonio de la testigo se vuelve confuso, primero desliza que no se le habría permitido dejar constancia de sus críticas, para después afirmar que el que instruía la causa era el fiscal Jorge Auat, visiblemente nerviosa.

Entonces el fiscal Wiens Pinto solicitó que se le recuerde a la testigo el 275 (que habla sobre el “testigo falso o reticente”) ante la mirada fulminante de la esposa Losito, pero la sangre no llegó al río, ya que la testigo fue disculpada ante el lapsus por el Tribunal porque ese tema no forma parte de la causa. Continua su declaración, criticando que no se hayan utilizado guantes, y afirmando que se esa manera se puede contaminar una muestra, pero reconociendo que no sabe cómo.

El licenciado en criminalística Daniel Bled y el médico legista Claudio Scalamogna fueron los más formales del grupo, sobre todo el segundo que no hizo objeciones al trámite y afirmó haber realizado su trabajo conforme a las normas que lo rigen. Bled manifestó que el lacrado y empaquetado de las cajas con las muestras de restos óseos estuvieron bien hechas y siendo un perito propuesto por los imputados se quejó de no haber podido trabajar en equipo con los profesionales del EAAF, con una dilatada trayectoria nacional e internacional en la identificación de los cuerpos NN de víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Roberto Torrás, el barbado y voluminoso geólogo, simpático, con apariencia de duende súper desarrollado, comenzó con un furcio: ante una pregunta introductoria al cuestionario realizada por el abogado defensor Carlos Pujol respondió: “Sí señor fiscal”, fuerte y claro, y las risas fueron totales.

Varias veces recalcó que “no habla pavada” contó que lo suyo fue el peritaje geológico en las “calicatas” (fosas) con un estudio “megascópico” ( con lupa, sin microscopio) para el análisis sedimentológico, la granulometría y un largo etcétera de no haber sido re encauzado a la materia de análisis por la jueza.

TE ESPERO A LA SALIDA
Hasta esta jornada, la vigésimo segunda, siempre los chispazos verbales se produjeron en la sala de audiencia, momento en que se tiran contra todos, querella vs defensa, fiscalía vs defensa o el Tribunal llamando al orden a las partes, más un largo etcétera..

Pero en este caso, el cruce más fuerte se dio después del cuarto intermedio post declaración de Elvira Venthey. El inefable Pujol acusó al Fiscal Wiens Pinto: “Coaccionó a la testigo”, denunció.

Es que el fiscal Pinto encaró a la mujer en el pasillo que lleva a la sala, cerca del baño, una zona muy concurrida en ese momento, con agentes del SPF, gendarmes, y familiares de víctimas e imputados.

Contó que le pidió a la mujer que le presente las denuncias a las que se había referido en su declaración, porque en su papel de fiscal tiene obligación de investigar. “Además, no existen las coacciones cuando el testigo finalizó su declaración”, aleccionó. “Pídalo en la audiencia”, lanzó en plena cara la jeza Yunes. “Cuando yo quise hacerlo, no me dejaron”, contragolpeó el fiscal. Pero la cosa quedó ahí. “Hoy (por este jueves) están muy belicosos”, sentenció la jueza.

Informe: Gonzalo Torres
Edición: Marcos Salomón
26/08/2010 - Causa Caballero: el juicio
Quieren que se cite a declarar a los agentes del Batallón 601

El Ministerio Público pidió al Tribunal Oral Federal el listado de los agentes civiles que colaboraban con la inteligencia del Ejército durante la dictadura. Una comitiva analiza las comunicaciones que hubo entre el Destacamento 124 y el Batallón 601.

En la audiencia de este miércoles del juicio oral por la Causa Caballero, el fiscal general, Germán Weins Pinto pidió nuevamente al Tribunal Oral Federal el listado de los agentes civiles del Destacamento de Inteligencia 124, con asiento en Resistencia, el cual respondía de manera directa al temible Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Esta solicitud la hizo con la intención de que se los cite a declarar como testigos en el juicio donde se ventilan las torturas y vejámenes ocurridos en centros clandestinos de detención en el Chaco entre 1975 y 1983.

El pedido del Ministerio Público Fiscal no es un paso en solitario. Según explicaron fuentes judiciales, por estas horas una comitiva constituida por funcionarios de la fiscalía, un juez de Cámara y un abogado de la defensa se encuentra en Buenos Aires en la sede central del Ministerio de Defensa de la Nación para indagar con quienes, cómo, cuándo y qué tipo de comunicaciones se daban entre el Destacamento 124, con asiento en Resistencia, y el Batallón 601. Esta información dará más pistas a la fiscalía para convocar a los agentes que hayan tenido información valiosa para la causa y, asimismo, desestimar la convocatoria de otros que no tuvieron acceso a datos sensibles sobre el accionar del Terrorismo de Estado en el Chaco.

Tal como lo publicó el 15 de agosto CHACO DIA POR DIA, fueron 98 los agentes civiles que reportaban desde el Chaco al temible Batallón 601 de Inteligencia durante la última dictadura militar. La mayoría de ellos (los que están con vida, al menos) tiene poco más de 55 años y casi todos tienen domicilio en Resistencia. Algunos pudieron barrer bajo la alfombra su pasado y en democracia continuaron desempeñándose como profesores universitarios (como el caso de la Directora del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN, Mirtha Giovannini) o folcloristas, entre otras actividades. Siempre con bajo perfil.

Vale aclarar que la inclusión en la nómina del 601 no implica que los mencionados estén siendo investigados por la Justicia y mucho menos acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Pero todos fueron parte de la sección de Inteligencia de una de las fuerzas que gobernó el país en la dictadura. Y, dado el caso, sus testimonios podrían ser un importante aporte a las investigaciones por los delitos cometidos durante los años de plomo.

REPRESORES
Entre los que sí se comprobó que participaron directamente en la maquinaria del terror, se encuentra Alberto Horacio Valussi, fallecido impune en agosto de 2009, a los 68 años. Valussi, que en el listado del Batallón 601 tiene el inofensivo rol de “dactilógrafo”, está acusado de participar en sesiones de tortura, como las que sufrió el ex detenido político, Hugo Barúa.

Además está sindicado como uno de los que participó del secuestro en Posadas de Fernando Piérola, uno de los fusilados en la Masacre de Margarita Belén. Mientras reportaba para al Ejército, Valussi se mostraba a la sociedad como un simple profesor de historia que dictaba clases en el colegio Don Bosco y en la Universidad Nacional del Nordeste. El propio Barúa, ironías del destino, fue alumno de Valussi y lo reconoció mientras lo torturaba.

El listado del Batallón 601, que incluye 4.300 agentes, que lleva la firma del actual jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani, fue entregado al juez Lijo por Ramón Torres Molina, titular del Archivo de la Memoria. Anteriormente, Torres obtuvo la nómina gracias al decreto 4/2010 firmado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner que desclasificó esa información a comienzos de este año.

La nómina total incluye los nombres de 1.599 personas que se desempeñaron como agentes civiles de inteligencia en el Batallón 601 y 2.353 que cumplieron tareas en distintos destacamentos y secciones en diferentes lugares del país. El documento se complementa con una lista de 345 militares. Se estima que sólo el 10% eran agentes con identidad cambiada.

Bajo la dictadura -y también desde tiempos previos- el Batallón 601 se especializaba en hacer inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas subversivas, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final de sus cuerpos. Dependía de la jefatura II de la comandancia del Ejército y tenía destacamentos en todas las unidades que le reportaban directamente.

El Destacamento de Inteligencia 124 de Resistencia era una de esas dependencias castrenses. Con su base de operaciones por calle Brown al 100, el mismo tuvo varios jefes en su accionar durante la última dictadura: Armando Hornos (desde el 17 de noviembre de 1975); Herminio Quiroz (desde el 26 de noviembre de 1976); Roberto Martínez (desde el 27 de octubre de 1977); Ítalo César Pasquini (desde el 31 de octubre de 1979) y Dardo Herrera (desde el 30 de septiembre de 1981).
26/08/2010 - Causa Caballero: el juicio
Por estar imputado, impidieron declarar al médico Grillo
De los tres testigos previstos para declarar –un cuarto falleció- en el juicio oral y público por Causa Caballero, sin dudas que el más esperado era el del Dr. Héctor Orlando Grillo, ex médico policial y hoy dueño del Sanatorio Galeno.

Llegó al Tribunal Oral Federal solo. Como mostró problemas para desplazarse y un gendarme lo ayudó a subir al ascensor. Ya en la sala de testigos, Grillo y los policías Horacio Sánchez y Raúl Lazzatti, esperaban su turno para declarar.

Aunque semivacía, la sala de audiencias esperaba expectante.
Sin embargo, ni bien se abrió la audiencia debate, el fiscal general Germán Weins Pinto, pidió la palabra. Y argumentó a los jueces del Tribunal Oral Federal sobre la necesidad de evitar la declaración de Grillo. Y lo fundamentó: el Grillo testigo de hoy es un imputado de mañana; es decir, el médico será uno de los imputados en lo que se denomina “juicio residual” o bien “Causa Caballero 2”, porque se sentará en el banquillo de los acusados a responsables de crímenes de lesa humanidad entre 1975 y 1979.

El querellante Mario Bosch también pidió lo mismo y e hizo propio el argumento del fiscal Weins Pinto. Sucede que su testimonio podría haberlo "zafado" de ser imputado en el futuro juicio.
Entre otras cosas, Grillo está acusado de colaborar en sesiones de torturas contra detenidos políticos (era algo así como el asesor técnico para determinar si se podía continuar vejando a un preso político) y por no denunciar el deterioro físico y de salud de los detenidos que asistía.

Todo esto, sin olvidar los certificados de defunción apócrifos que firmó (por ejemplo los de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén) y por suministrarle Pentotal a una presa política –Nora Valladares- durante una sesión de tortura. El Tiopentato de sodio era usado como una suerte de “suero de la verdad” por los militares y también para sedar a las víctimas que arrojaban desde aviones al Río de la Plata.

La Justicia al banquillo.
El primer policía en declarar fue Raúl Ceferino Lazzatti, de 62 años, que fue sumariante - al igual que el imputado José Francisco Rodríguez Valiente - en la Brigada de Investigaciones, entre 1976 y 1977. Como sumariante, fue el encargado de redactar el acta de allanamiento al domicilio de Mirta Clara –ex presa que ya declaró- y Néstor Salas –víctima de la Masacre-, sin aportar ni un dato sobre esta detención-secuestro de ambos.
No vio, escuchó, sintió, ni presintió nada. Casi a las cansadas, se logró el único dato valioso –sobre todo en términos judiciales- cuando ratificó que los ex fiscales Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes y Alberto Valussi, el civil que trabajaba para la SIDE, visitaban la Brigada de Investigaciones sobre calle Juan B. Justo.
Hubo un pedido de contradicción en la declaración de Lazzatti, formulada por el fiscal ad hoc Carlos Amad, que en un momento se dejó ganar por la pasión. De todas maneras, su declaración ya no dio para más.

Los malos militares.
Luego, llegó el turno de declarar de Horacio Sánchez, quien fue jefe de Robos y Hurtos, que funcionaba en la Brigada de Investigaciones, entre 1975 y 1976, en la calle Marcelo T. de Alvear. Otro policía que no vio, escuchó o sintió cosa alguna. Ni se enteró que había presos políticos en la misma sede donde él tenía su oficina. Querella y Fiscalía fueron adelantando que iban a pedir que se lo acuse de falso testimonio.
Sí reconoció la existencia de un área restringida en la Brigada, la fuerte presencia militar y que la “policía quedó subordinada al Ejército” en la guerra contra la subversión. Sánchez aseguró que él “tomó recaudos porque no le gustaba la presencia militar”.
“Ellos andaban en eso”, señaló escuetamente al finalizar.

Pericias de la Masacre.
Se reanudará este jueves el juicio oral y público por la Masacre de Margarita Belén. En la vigésimo segunda jornada serán testigos los peritos: Miguel Nievas, Daniel Bled y Elvira Veuthey. Nievas, integrante del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense, Bled y Veuthey son peritos de parte.
Básicamente, ambos son licenciados en criminalística, cuando lo que las pericias practicadas son de tipo antropológico, especialidad justamente de Nievas, quien estuvo a cargo del equipo de recuperó la identidad de Lucho Díaz y Alcides Bosch, ambos víctimas de la Masacre.
26/08/2010 - Masacre de Margarita Belén - Juicio oral, día 22
Ejecutados de un disparo en la nunca, a quemarropa
Así murieron dos de las víctimas del fusilamiento ocurrido el 13 de diciembre de 1976. Es lo que declaró Miguel Nievas, perito del EAAF, en una audiencia especialmente virulenta. Hoy restituyen los restos de Luis Díaz. “Lucho”, presente.

Fue una jornada larga y agotadora, con declaraciones de siete testigos, (uno por la querella y los restantes por la defensa) que ganó interés a medida que avanzaba y terminó pasadas casi siete horas después de haber empezado.

El protagonismo lo tuvo el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense desde el año 2005 a la fecha para la identificación de los cuerpos NN de militantes asesinados en la Masacre de Margarita Belén.

Primero, un enfermero convocado al Regimiento de La Liguria a realizar pericias forenses a un grupo de cuerpos de asesinados y un suboficial encargado de reparar el camión acribillado el 13 de diciembre declararon que no vieron, ni oyeron, ni preguntaron, ni quisieron saber nada.

Después cuatro peritos de la defensa deslizaron tímidamente sus críticas al trabajo del EEAF. Justamente, en el final estuvo lo mejor; el licenciado en criminalística Miguel Nieva, del Equipo, realizó una exposición contundente y sin fisuras, y explicó las etapas del trabajo de investigación, exhumación y análisis de los restos óseos perteneciente a cinco asesinados en la Masacre de Margarita Belén.

Ellos son: Carlos Zamudio, Emma Cabral, Luis Díaz, Alcides Bosch y Carlos Duarte. El primero presentaba “una fractura de fémur izquierdo al momento de la muerte” y los dos últimos “orificios de bala en el cráneo, con una trayectoria desde atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo”.

Hubo además escenas de pugilato verbal entre las partes que hicieron la delicia del público presente. “Están muy belicosos”, advirtió la presidenta del Tribunal Oral Federal, Gladys Yunes, aguantándose la risa, durante uno de los choques entre querella y defensa.

Hoy, a las 12, en la sede del Tribunal de calle Yrigoyen serán entregados los restos de Luís Díaz a su familia. Acto seguido será velado en la casa de sepelios Edymar en calle Güemes. A las 16.30, se realizará frente a la Casa por la Memoria “Ex Brigada de Investigaciones (Centro Clandestino de Detención)”, un acto de homenaje antes de su inhumación en el cementerio, 34 años después de su asesinato

EAAF
Nieva, perito forense oficial, claro y preciso, desarrolló su exposición con un power point y después contestó preguntas del Tribunal y las partes sobre su trabajo en octubre de 2005 y años posteriores.

Describió el estado de los cuerpos de Cabral, Díaz, Duarte (este último caso con una pericia realizada en julio pasado) Zamudio y Bosch.

Explicó el estado de los restos óseos y los distintos rastros de las heridas que encontró en ellos. Después de la exhumación se realizaron análisis en laboratorio: placas de radiografía y estudios de odontología entre otros exámenes.

En el caso de Lucho, se encontraron con un esqueleto muy degradado por el paso el tiempo, por lo cual no pudieron constatar lesiones. Las de Duarte y Bosch presentaban el cráneo con orificios compatibles con el ingreso de un proyectil. Pudo reconstruirse la trayectoria, lo cual develó que ambos fueron ejecutados desde atrás y a muy corta distancia. “Este tipo de lesiones, producto de ejecuciones, es típica en las exhumaciones que realizamos en el EAAF” contó Nieva.

Zamudio tenía una fractura perimortem en el fémur izquierdo. “Este tipo de lesiones se producen en el momento circundante a la muerte, antes, o muy poco después. El golpe tiene que haber venido desde adelante, se descarta que haya sido originada por un proyectil, y devela mucha energía”, precisó.

Trabajó en casos de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar junto con Juzgados de Resistencia, Sáenz Peña, Santa Fe, Bahía Blanca, entre otros. En el exterior, colaboró en Kosovo, Colombia, Paraguay, y Bolivia. Es docente en Rosario y en la UBA, en la carrera de posgrado de Medicina Legal.

En cuanto al protocolo que se sigue en los trabajos de exhumación afirmó:" Hacemos un trabajo científico, el protocolo señala la metodología a seguir, pero hay que adaptarse a las distintas condiciones de trabajo". En cuanto a la función de un geólogo opinó que su utilidad en el caso en cuestión es bastante nula, "sirve para localizar sepulturas clandestinas, pero en una exhumación no tiene mucho sentido".

EL ENFERMERO Y EL MILITAR
Eusebio Rodolfo Gómez, enfermero. Fue dubitativo: “Creo que trabajaba en sanidad policial el 13 de diciembre de 1976” arrancó. Era enfermero y secretario personal del Doctor Saénz, el médico que realizó una serie de pericias a una decena de cadáveres en el Regimiento de La Liguria. “No sé absolutamente nada”, dijo y explicó que se quedó en el patio de armas, sin penetrar en los galpones donde estaban los cuerpos.

Preocupado, aclaró “No participé en nada. Soy diácono, me enseñaron a vivir en paz y a decir la verdad”. Sin embargo negó saber, o haber visto algo de interés para develar la verdad de los hechos. Por declaraciones suyas anteriores pudo saberse que en el libro de registro de Sanidad aparecen asentada dos visitas al Regimiento, una con Sáenz y el enfermero Blas Verón, (cuando declaró dijo no recordad si había estado Gómez) y otra, más temprano, con el médico de la policía, imputado en la causa “Caballero 2” y testigo fallido Héctor Grillo.

El militar José Alfonso, retirado de 74 años, es suboficial mayor. En 1976 se encargaba de la columna de automotores de la compañía de Comunicaciones 7, bajo las órdenes del mayor Athos Rennes –imputado-. Con los hombros caídos y cierto desgano, respondió preguntas y contó lo poco que sabe.

Después del 13 de diciembre, le entregan un camión Mercedes Benz 11.14, lavado, sin toldo, con el costado izquierdo averiado por una balacera y un parabrisas o una puerta destrozada. Lo arregló y lo pintó. “Me dijeron que habían atacado la columna”. Es todo lo que sabe. Nunca preguntó nada más al respecto.

Recordó la existencia de una ambulancia Unimog y contó que el parque automotor quedaba cerrado en su ausencia. “La llave la tenía yo, y el duplicado estaba en el despacho de Rennes”.

Informe: Gonzalo Torres
Edición: Marcos Salomón