LA MEMORIA Y LA JUSTICIA
02/06/2010
Por Beatriz Bogado, Ministra de Desarrollo Social y Derechos Humanos.
A lo largo de nuestra historia se han sucedido matanzas que permanecieron en el cono de sombra del olvido. En esa lista, la Masacre en Margarita Belén, ocurrida el 13 de diciembre de 1976, no fue la excepción.
Militantes sociales y políticos fueron masacrados. Y lo fueron por su identidad política, por su militancia pero, fundamentalmente, porque eran militantes críticos y activos. Es decir que no eran simples habitantes de un territorio. Y es justamente la actuación crítica lo que convierte a un lugareño en ciudadano. Y eso eran los masacrados: ciudadanos activos y críticos, vale la pena repetirlo hasta el cansancio.
Es que no sólo se trataba de eliminar lo diferente o lo que atentaba contra los intereses de los grupos de poder, sino que, una vez aniquilado lo diferente, el exterminio debía ser olvidado. Es así como operó hasta casi terminado el siglo XX el mecanismo de poder en Latinoamérica.
En 2003, con la llegada a la Presidencia de Néstor Kirchner, la política de Derechos Humanos tuvo un giro copernicano en relación a lo que se hizo, (o no se hizo), en las décadas del 80 y el 90. La derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la conversión de la ESMA como espacio cultural, descolgar los cuadros de quienes se exhibían como próceres en la Escuela de Mecánica de la Armada y lo más importante, el inicio de las causas como las del Primer Cuerpo del Ejército, la ESMA y la que se sustancia contra los genocidas que integraron el ex Regimiento Nº 9 de Corrientes, marcan a las claras la presencia de un Estado que pugna contra todos tipos de intereses (económicos, mediáticos y algunos resabios de la dictadura) la necesidad de recorrer el sendero de la memoria y la justicia.
Ninguno de los Estados latinoamericanos ha avanzado tanto y a paso tan firme como Argentina en el juzgamiento a genocidas de las dictaduras cívico-militares que se impusieron en América del Sur en la década del 70 en el contexto del plan Cóndor.
Estos hechos tienen un correlato en la provincia desde diciembre de 2007. Fue el gobierno de Jorge Capitanich el que tomó la decisión de crear un Ministerio de Derechos Humanos y en ese ámbito una subsecretaría en la materia, cuya unidad será protagonista de un hecho inédito en la causa que comenzará a juzgar a los responsables de la Masacre de Margarita Belén.
Será el mismo Estado el que se constituya como querellante. Se trata de un Estado que reconoce el error, pide perdón y exige justicia. El Estado juzga el proceder del Estado, ahí descansa la importancia de esta decisión de Gobierno.
Fue la actual gestión de gobierno la que dispuso las herramientas para optimizar el funcionamiento de la Comisión Provincial por la Memoria, dándole a esta entidad la estructura de cargos que necesitaba para llevar a cabo sus tareas.
Respecto de los juicios por delitos de lesa humanidad, en el Chaco, son dos las causas emblemáticas. La conocida como Causa Caballero y la más importante, la Masacre de Margarita Belén.
En la primera se investigan 27 casos de torturas a detenidos políticos secuestrados en donde funcionó la Brigada de Investigaciones. En este caso no puede soslayarse el triste papel que realiza la cúpula del Poder Judicial. La serie de desaciertos del Superior Tribunal de Justicia empieza con la negación de sus instalaciones para llevar a cabo a las audiencias y la participación de una de sus ministras como testigo de los torturadores. Estos hechos mal le hacen a una sociedad que necesita recobrar su confianza en una institución que estuvo tan apegada al poder político hasta hace poco más de dos años.
En la Masacre de Margarita Belén se juzgará a los responsables de uno de los crímenes más emblemáticos ejercido por el Terrorismo de Estado en nuestra región durante la última dictadura: el fusilamiento clandestino de 22 presos políticos perpetrado el 13 de diciembre de 1976 en un operativo conjunto del Ejército y la policía del Chaco a unos 30 kilómetros de Resistencia camino a Formosa. El jueves 3 de junio comienzan las audiencias. Algunos podrán sentarse en el banquillo de los acusados y mientras que otros murieron en las sombras de la impunidad. Lo que está claro es que es toda una provincia pedirá justicia por Luis Ángel Barco, Mario Cueva, Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Néstor Carlos Salas, Patricio Blas Tierno, Carlos Alberto Duarte, Julio Andrés Pereira, Alberto Díaz, Roberto Horacio Yedro, Carlos Tereszecuk, Reinaldo Amalio Zapata, Delicia González, Raúl Caire, Carlos Alberto Zamudio y Fernando Piérola, que tuvieron la “osadía” de sentir la revolución en los pies, de llevar la imaginación al poder y creer que la justicia social es la mejor herramienta para la alegría del pueblo y la felicidad de la Nación.
02/06/2010
Por Beatriz Bogado, Ministra de Desarrollo Social y Derechos Humanos.
A lo largo de nuestra historia se han sucedido matanzas que permanecieron en el cono de sombra del olvido. En esa lista, la Masacre en Margarita Belén, ocurrida el 13 de diciembre de 1976, no fue la excepción.
Militantes sociales y políticos fueron masacrados. Y lo fueron por su identidad política, por su militancia pero, fundamentalmente, porque eran militantes críticos y activos. Es decir que no eran simples habitantes de un territorio. Y es justamente la actuación crítica lo que convierte a un lugareño en ciudadano. Y eso eran los masacrados: ciudadanos activos y críticos, vale la pena repetirlo hasta el cansancio.
Es que no sólo se trataba de eliminar lo diferente o lo que atentaba contra los intereses de los grupos de poder, sino que, una vez aniquilado lo diferente, el exterminio debía ser olvidado. Es así como operó hasta casi terminado el siglo XX el mecanismo de poder en Latinoamérica.
En 2003, con la llegada a la Presidencia de Néstor Kirchner, la política de Derechos Humanos tuvo un giro copernicano en relación a lo que se hizo, (o no se hizo), en las décadas del 80 y el 90. La derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la conversión de la ESMA como espacio cultural, descolgar los cuadros de quienes se exhibían como próceres en la Escuela de Mecánica de la Armada y lo más importante, el inicio de las causas como las del Primer Cuerpo del Ejército, la ESMA y la que se sustancia contra los genocidas que integraron el ex Regimiento Nº 9 de Corrientes, marcan a las claras la presencia de un Estado que pugna contra todos tipos de intereses (económicos, mediáticos y algunos resabios de la dictadura) la necesidad de recorrer el sendero de la memoria y la justicia.
Ninguno de los Estados latinoamericanos ha avanzado tanto y a paso tan firme como Argentina en el juzgamiento a genocidas de las dictaduras cívico-militares que se impusieron en América del Sur en la década del 70 en el contexto del plan Cóndor.
Estos hechos tienen un correlato en la provincia desde diciembre de 2007. Fue el gobierno de Jorge Capitanich el que tomó la decisión de crear un Ministerio de Derechos Humanos y en ese ámbito una subsecretaría en la materia, cuya unidad será protagonista de un hecho inédito en la causa que comenzará a juzgar a los responsables de la Masacre de Margarita Belén.
Será el mismo Estado el que se constituya como querellante. Se trata de un Estado que reconoce el error, pide perdón y exige justicia. El Estado juzga el proceder del Estado, ahí descansa la importancia de esta decisión de Gobierno.
Fue la actual gestión de gobierno la que dispuso las herramientas para optimizar el funcionamiento de la Comisión Provincial por la Memoria, dándole a esta entidad la estructura de cargos que necesitaba para llevar a cabo sus tareas.
Respecto de los juicios por delitos de lesa humanidad, en el Chaco, son dos las causas emblemáticas. La conocida como Causa Caballero y la más importante, la Masacre de Margarita Belén.
En la primera se investigan 27 casos de torturas a detenidos políticos secuestrados en donde funcionó la Brigada de Investigaciones. En este caso no puede soslayarse el triste papel que realiza la cúpula del Poder Judicial. La serie de desaciertos del Superior Tribunal de Justicia empieza con la negación de sus instalaciones para llevar a cabo a las audiencias y la participación de una de sus ministras como testigo de los torturadores. Estos hechos mal le hacen a una sociedad que necesita recobrar su confianza en una institución que estuvo tan apegada al poder político hasta hace poco más de dos años.
En la Masacre de Margarita Belén se juzgará a los responsables de uno de los crímenes más emblemáticos ejercido por el Terrorismo de Estado en nuestra región durante la última dictadura: el fusilamiento clandestino de 22 presos políticos perpetrado el 13 de diciembre de 1976 en un operativo conjunto del Ejército y la policía del Chaco a unos 30 kilómetros de Resistencia camino a Formosa. El jueves 3 de junio comienzan las audiencias. Algunos podrán sentarse en el banquillo de los acusados y mientras que otros murieron en las sombras de la impunidad. Lo que está claro es que es toda una provincia pedirá justicia por Luis Ángel Barco, Mario Cueva, Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Néstor Carlos Salas, Patricio Blas Tierno, Carlos Alberto Duarte, Julio Andrés Pereira, Alberto Díaz, Roberto Horacio Yedro, Carlos Tereszecuk, Reinaldo Amalio Zapata, Delicia González, Raúl Caire, Carlos Alberto Zamudio y Fernando Piérola, que tuvieron la “osadía” de sentir la revolución en los pies, de llevar la imaginación al poder y creer que la justicia social es la mejor herramienta para la alegría del pueblo y la felicidad de la Nación.
