02/06/2010 - Organismos de Derechos Humanos de FormosaPiden garantías en la causa Margarita Belén
En un pronunciamiento público, organizaciones formoseñas instan a que se recuse al fiscal subrogante nombrado recientemente.
Con la firma de referentes, miembros de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos de Formosa, se conoció un pronunciamiento dirigido a las autoridades judiciales nacionales, y a la opinión pública en general a fin de transmitir la “profunda preocupación por la designación de Luis Benítez como fiscal subrogante en la causa Margarita Belén.
Los antecedentes del mencionado fiscal en la causa Colombo, lejos de poder ser considerados como una acreditación para asumir una responsabilidad en la representación de los intereses del Estado en un hecho regional y nacional emblemático del genocidio sufrido por el pueblo argentino, significa por el contrario y por lo menos una demostración de la falta de conocimiento sobre los mismos de parte de quienes han resuelto dicha designación.
El fiscal Luis Benítez fue recusado en la causa Colombo, que se desprende de la causa madre, (conocida como causa Carrillo) en la cual el propio fiscal se inhibió debido a que el estudio privado en el que trabajaba había tomado la defensa de los imputados, que eran subordinados y partícipes de los delitos cometidos en la asociación ilícita con el general Colombo, quien, según se acreditó posteriormente en el fallo condenatorio, la presidía en calidad de jefe. Si se había inhibido en la causa madre, debía hacer lo propio en la causa secundaria, habíamos planteado –oportunamente- los querellantes.
Luego se lo recusó por ser miembro del cuerpo de asesores de la Municipalidad de Formosa cuando éstos dictaminaron sobre la operatividad de los traslados e inhumaciones de los cadáveres del cementerio Virgen de Itatí donde se habrían enterrado a los desaparecidos que se buscan, borrando toda señal de identificación de los mismos.
También se lo cuestionó por haber justificado jurídicamente la aplicación de una condena por homicidio simple, según lo estipulado por la ley N°14.616 del 30 de setiembre del año 1958 en lugar de las actuales más severas, criterio que finalmente adoptó el tribunal, cuando dicha ley no estaba en vigencia en el momento de los hechos. Además, siendo representante del ministerio público, en el alegato final, también fundamentó, de manera contraria a la jurisprudencia sentada en fallos anteriores, que este tipo de delitos no se encuadra como genocidio.
Pero, si todas estas causales no fueran suficientes como para desestimar una selección como la realizada para representar al Estado argentino, tampoco se han tenido en cuenta los cuestionamientos penales incoados en su contra por mal desempeño en la función de fiscal, al insultar a una víctima y querellante en pleno proceso oral, delante del tribunal, de los letrados patrocinantes y demás querellantes, tratándolo ofensivamente de “payaso”.
Si en democracia, las autoridades que correspondan, proponen como representantes del Estado a quien en su estudio jurídico particular defiende a represores, quien no ordenó la detención de ningún imputado en las causas por delitos de lesa humanidad en las que actuó, quien participó en acciones que impiden llegar a la identidad de los desaparecidos, quien propone beneficiar a los responsables de delitos de lesa humanidad con legislación que no está en vigencia, quien enmarca estos delitos fuera de la jurisprudencia de genocidio y finalmente quien insulta a las víctimas en pleno proceso oral, qué garantía tendrá la sociedad que verdaderamente se esté buscando justicia.
Por las razones expuestas ponemos a disposición de los patrocinantes letrados de la querella en la causa Margarita Belén todas los antecedentes del caso para que efectúen una debida recusación, y solicitamos a las autoridades de la Procuración General de la Nación que presten mayor atención en los antecedentes de quienes nombran para representar al Estado en el tratamiento de este tipo de delitos. Solo con fiscales comprometidos con la memoria, y la verdad, podremos recuperar el respeto que la justicia se merece” termina el documento firmado entre otras organizaciones por la Comisión Permanente por la Memoria, la Verdad y la Justicia y por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Se prevé que habrá más pronunciamientos sobre esta situación por parte de otras asociaciones.
En un pronunciamiento público, organizaciones formoseñas instan a que se recuse al fiscal subrogante nombrado recientemente.
Con la firma de referentes, miembros de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos de Formosa, se conoció un pronunciamiento dirigido a las autoridades judiciales nacionales, y a la opinión pública en general a fin de transmitir la “profunda preocupación por la designación de Luis Benítez como fiscal subrogante en la causa Margarita Belén.
Los antecedentes del mencionado fiscal en la causa Colombo, lejos de poder ser considerados como una acreditación para asumir una responsabilidad en la representación de los intereses del Estado en un hecho regional y nacional emblemático del genocidio sufrido por el pueblo argentino, significa por el contrario y por lo menos una demostración de la falta de conocimiento sobre los mismos de parte de quienes han resuelto dicha designación.
El fiscal Luis Benítez fue recusado en la causa Colombo, que se desprende de la causa madre, (conocida como causa Carrillo) en la cual el propio fiscal se inhibió debido a que el estudio privado en el que trabajaba había tomado la defensa de los imputados, que eran subordinados y partícipes de los delitos cometidos en la asociación ilícita con el general Colombo, quien, según se acreditó posteriormente en el fallo condenatorio, la presidía en calidad de jefe. Si se había inhibido en la causa madre, debía hacer lo propio en la causa secundaria, habíamos planteado –oportunamente- los querellantes.
Luego se lo recusó por ser miembro del cuerpo de asesores de la Municipalidad de Formosa cuando éstos dictaminaron sobre la operatividad de los traslados e inhumaciones de los cadáveres del cementerio Virgen de Itatí donde se habrían enterrado a los desaparecidos que se buscan, borrando toda señal de identificación de los mismos.
También se lo cuestionó por haber justificado jurídicamente la aplicación de una condena por homicidio simple, según lo estipulado por la ley N°14.616 del 30 de setiembre del año 1958 en lugar de las actuales más severas, criterio que finalmente adoptó el tribunal, cuando dicha ley no estaba en vigencia en el momento de los hechos. Además, siendo representante del ministerio público, en el alegato final, también fundamentó, de manera contraria a la jurisprudencia sentada en fallos anteriores, que este tipo de delitos no se encuadra como genocidio.
Pero, si todas estas causales no fueran suficientes como para desestimar una selección como la realizada para representar al Estado argentino, tampoco se han tenido en cuenta los cuestionamientos penales incoados en su contra por mal desempeño en la función de fiscal, al insultar a una víctima y querellante en pleno proceso oral, delante del tribunal, de los letrados patrocinantes y demás querellantes, tratándolo ofensivamente de “payaso”.
Si en democracia, las autoridades que correspondan, proponen como representantes del Estado a quien en su estudio jurídico particular defiende a represores, quien no ordenó la detención de ningún imputado en las causas por delitos de lesa humanidad en las que actuó, quien participó en acciones que impiden llegar a la identidad de los desaparecidos, quien propone beneficiar a los responsables de delitos de lesa humanidad con legislación que no está en vigencia, quien enmarca estos delitos fuera de la jurisprudencia de genocidio y finalmente quien insulta a las víctimas en pleno proceso oral, qué garantía tendrá la sociedad que verdaderamente se esté buscando justicia.
Por las razones expuestas ponemos a disposición de los patrocinantes letrados de la querella en la causa Margarita Belén todas los antecedentes del caso para que efectúen una debida recusación, y solicitamos a las autoridades de la Procuración General de la Nación que presten mayor atención en los antecedentes de quienes nombran para representar al Estado en el tratamiento de este tipo de delitos. Solo con fiscales comprometidos con la memoria, y la verdad, podremos recuperar el respeto que la justicia se merece” termina el documento firmado entre otras organizaciones por la Comisión Permanente por la Memoria, la Verdad y la Justicia y por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Se prevé que habrá más pronunciamientos sobre esta situación por parte de otras asociaciones.
